Calviño autorizó a la empresa de su marido a gestionar fondos UE pese a deber 852.000 € al Estado

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, autorizó a que la empresa donde trabaja su marido, Beedigital, fuera acreditada para gestionar fondos europeos a pesar de acumular deudas a la Administración Pública por 852.000 euros. Así consta en la denuncia que el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la concesión de fondos europeos y de préstamos ICO a la empresa vinculada al marido de Calviño y la que ha tenido acceso OKDIARIO. Estos hechos inhabilitarían a cualquier empresa a ser contratada por la Administración General del Estado… a no ser que uno de sus ejecutivos sea el marido de la ministra.

Esas deudas eran sólo las que acumulaba en 2020, meses antes de que le dieran acreditación para gestionar los fondos. Pero llevaba años acumulando deudas con el Estado. En concreto, la consultora donde trabaja Ignacio Manrique de Lara, marido de la ministra, cuyo nombre comercial es Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A., declaraba en la cuenta “Otras deudas con las Administraciones Públicas” un saldo de 1.518.000 euros en 2018.  En el ejercicio 2019 la cifra se dispara a 1.657.000 euros y en las cuentas del ejercicio 2020, -presentadas cuando fue agraciada con el certificado de Agente Digitalizador Adherido- figura una deuda de 852.000 euros. Estos conceptos incluyen una deuda con la Seguridad Social de 484.000 € en 2018, una de 421.000 € en el 2019, y de 374.000 en el 2020.

Traducido: que la empresa del marido de Calviño -según la denuncia- «presentaba dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social» cuando fue acreditada como Agente Digitalizador. Es más, la empresa, según la denuncia, «había sufrido una reducción de su capital social de casi 66 millones de euros en sólo 5 años. Un evolución que supone una disminución del 86% del capital social». Una empresa en estado ruinoso pero bendecida por la suerte.

«Acreditación irregular»

Una situación que, junto con una «significativa» reducción de su patrimonio neto entre los años 2018 y 2020, hacen que la empresa pudiera considerarse «en crisis», en virtud de lo fijado en el Anexo II de la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por lo que no podría haber sido acreditada como «Agente Digitalizador», requisito indispensable para gestionar esos fondos. «Esta acreditación podría haber sido irregular», afirman los denunciantes.

Los empresarios que optan a cualquiera de estas ayudas de los Fondos de la Unión Europea necesitan contratar previamente lo que el programa de Calviño denomina un “agente digitalizador”. Es decir, una empresa autorizada por el Ministerio de Asuntos Económicos que se dedique a reajustar tecnológicamente los negocios. Estas reconversiones son imprescindibles para la tramitación de la ayuda pública. De esta manera, el Estado se asegura el empleo eficiente del bono y Beedigital, cuenta con este estatus privilegiado de intermediario que le permite hacer negocio gestionando las ayudas, a pesar de su dudosa situación financiera.

La ampliación de la denuncia -que el Grupo Parlamentario Popular presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de marzo, alertando de presuntas irregularidades sobre 12 contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez por valor de 326 millones de euros- recuerda que la acreditación como agente digitalizador no es un «mero acto reglado administrativo para poder ejercer una actividad con carácter general». Es decir, ahonda, «no es una habilitación para acreditar la capacidad profesional para desarrollar una labor a actividad económica determinada».

Fondos europeos sín límites

El Programa Kit Digital, que Nadia Calviño presentó el pasado 25 de noviembre de 2021, es un  programa de 3.000 millones de euros proveniente de los fondos europeos cuyo objetivo consiste en promover la digitalización de pymes y autónomos. «Los beneficiarios recibirán una ayuda en función de su tamaño, midiendo éste según su número de empleados. A los efectos de estas bases, el derecho de cobro que nace de la resolución de concesión se denomina bono digital. Este bono digital no podrá hacerse efectivo hasta que el agente digitalizador, en nombre del beneficiario y siendo este el responsable último, presente la correspondiente cuenta justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y el órgano concedente considere justificada la subvención», reza la ampliación de la denuncia.

Así, «las empresas que pudieran ser objeto de recibir las ayudas correspondientes no pueden proceder a realizar las acciones de digitalización previstas por medios propios o contratando a cualquier empresa capacitada para ello, sino que, de forma obligatoria, debe realizar la digitalización a través de quienes estén acreditados, que serán quienes cobrarán en el fondo la subvención».

De esa forma, según apunta el PP, «las empresas ven limitada su capacidad de decisión, convirtiéndose en auténticos beneficiarios a los agentes digitalizadores, ya que se constituyen en una situación de oligopolio, en la que un número limitado de vendedores controlan y acaparan la prestación del servicio de digitalización y el acceso a las ayudas».

Esta promoción de un oligopolio favorece, para quienes quieran acceder a las ayudas o entrar en el programa de digitalización, la «generación artificial de alianzas empresariales que, sin duda, puede suponer un beneficio significativo, más allá del correspondiente a la prestación específica del servicio».

En este sentido, la denuncia recuerda que «quien crea este sistema que favorece el clientelismo oligopolístico es el Ministerio de Asuntos Económicos, y quien acredita como agente digitalizador a determinadas empresas es el mismo ministerio, y que quien resultó beneficiaria, entre otras, de ser acreditada es una empresa, Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A cuyo Director de Marketing, es marido de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño».